Las familias que tienen hijos en el Centro Escolar Academia Cultura de l'Hospitalet de Llobregat están en pie de guerra al enterarse este pasado viernes que el Colegio va a tener que cerrar, ya que su propietario, que es el Arzobispado de Barcelona les ha comunicado que no va a renovar el contrato de alquiler que tiene con ellos, y por tanto al quedarse sin local no van a poder seguir su actividad docente.
La noticia ha provocado una gran sorpresa en la ciudad, ya que esta institución escolar llevaba 70 años de actividad, y nadie se esperaba una decisión tan unilateral. Se da la circunstancia de que la alcaldesa Núria Marín había sido alumna del colegio, por lo que ha encabezado un intento desesperado de mediación para intentar evitar el cierre de la escuela, ofreciéndose para dialogar entre las partes para ver si es posible encontrar un acuerdo que sea favorable para todos.
Este no es un caso, como los que se han comentado estos últimos días, de escuelas religiosas que deciden cerrar o pasar a la red escolar pública, el colegio no era religioso y la titularidad no era de la iglesia, simplemente el arzobispado tenía la propiedad y alquilaba el espacio al colegio, como podía haberlo alquilado para cualquier otra actividad que no fuera educativa.
El problema es que la decisión moviliza a muchas familias, unas 400 del barrio de la Torrassa, que no entienden ese cambio brusco de actitud del arzobispado, del que no se ha dado ninguna explicación, por lo que una vez más la Iglesia se convierte en blanco de las críticas del vecindario. Sin conocer con detalle los hechos creo que algo se ha hecho mal, porque si había motivos de peso para tomar esa decisión sería bueno que la diócesis lo hiciera saber, convocando por ejemplo una rueda de prensa. El silencio como respuesta provoca las más variadas elucubraciones en las que la Iglesia queda muy mal parada, dando la sensación de que hay intereses ocultos crematísticos.
Algo parecido sucedió cuando la diócesis decidió convertir el Convictorio, junto a la residencia sacerdotal de Sant Josep Oriol en el barrio de les Corts en un Hotel de muchas plantas, lo que provocó la reacción airada del vecindario. Eso obligo a la diócesis y a su impulsor, Mn. Antoni Matabosch, a replantear el proyecto para apaciguar la ira vecinal.
Lo que sorprende es que ahora no esta al frente de la economía diocesana el Dr. Matabosch, experto en este tipo de especulaciones inmobiliarias. El nuevo equipo económico de la diócesis parece que tiene mucha más cabeza y sentido común que sus antecesores, por eso sorprende esta decisión, que de momento está siendo demasiado opaca. Ni siquiera algunos sacerdotes bien informados a los que he consultado tenían la más mínima idea de este caso.
Leyendo ayer a Antoninus Pius, y la defenestración de Mn. Jaume Aymar, me hace pensar que la diócesis está muy mal económicamente y que necesita ingresos y recortes rápidos. El caso de Catalunya Cristiana y Radio Estel es un caso claro de recorte del dispendio que el director estaba ocasionando y que iba a más, el caso que hoy narramos da toda la sensación que es para conseguir dinero contante y sonante, es decir suculentos ingresos.
Decisiones como esta, generan mucha impopularidad, es cierto que la Iglesia tiene que velar por sus intereses y a veces tiene que tomar decisiones difíciles, pero un poco de diálogo, o alguien que salga a dar la cara no hubiera estado de más. Porque tal como ha ido la cosa, el malo de la película es el obispado, es decir la Iglesia, y la Sra. Marín, la que consiguió que se echara al P. Custodio Ballester de la parroquia de la Inmaculada, es ahora la buena, la que se preocupa de sus vecinos e intenta buscar solución a sus problemas.
Gregorio Capdevila